Diario
Tiempo Argentino 1 de junio de 2016, a las 13:21
Columna
de opinión de Carlos Heller
El
viernes el presidente Mauricio Macri presentó un plan con dos objetivos
forzadamente conectados: por un lado, los pagos de juicios a los jubilados y un
recálculo de haberes para unos dos millones de jubilados; por otro lado, un
blanqueo impositivo, tan criticado en años anteriores por muchos funcionarios
actuales.
La información
brindada es muy general, y habrá que esperar que se presente el proyecto para
poder evaluar mejor los alcances del mismo. No obstante, la propuesta nos lleva
a varias reflexiones.
Siempre
es importante que se atiendan los reclamos sociales, en especial de los
jubilados, así como la creación de una Pensión Universal para el Adulto Mayor.
El pago de los juicios entablados por los jubilados y una actualización para
aquellos que están en condiciones de iniciar nuevos juicios mejorará la
situación económica de unos dos millones de jubilados (del total de unas 6,5
millones de prestaciones que se pagan). En ese aspecto es positivo, pero no
podemos dejar de preguntarnos por su costo fiscal a largo plazo, y cómo
encararlo. Macri sostuvo: “necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y
sustentable en el tiempo”. ¿Qué es lo que quiso significar con esta frase? Con
un Estado que debe ser el “canchero”, preparando el campo de juego para que
compitan los actores privados, es decir, un Estado mínimo, que reniega del
gasto público y no está de acuerdo con el elevado nivel de presión tributaria:
¿cómo se va a lograr un sistema previsional sustentable? Los gobiernos de
países que son tomados como ejemplo por los referentes de Cambiemos, como en el
caso de España, están reduciendo jubilaciones y pensiones e incrementando la
edad mínima para jubilarse. Prácticamente toda Europa (ese mundo al que
Cambiemos dice haberse integrado) está con las mismas recetas de ajuste del
sistema previsional. Cuando Macri habla de sostenibilidad y equidad
previsional, ¿estará pensando en abrir las puertas a un sistema de
capitalización en un futuro cercano? No puede descartarse.
Queda
claro que la única forma de que un sistema previsional sea sustentable es con
una gran cantidad de trabajadores registrados y un nivel de crecimiento
económico tal que genere altos ingresos fiscales (y un gobierno que desee esos
altos niveles de presión tributaria). Una orientación distinta a la del actual
gobierno.
También
resulta interesante cómo se utiliza esta medida positiva hacia los jubilados
para intentar edulcorar una normativa que no posee una visión positiva en el
seno de la sociedad: el blanqueo de capitales. Medida que a lo sumo puede
incidir sólo marginalmente en el financiamiento de los beneficios
previsionales, pero que se la presenta como una de las dos patas que harían
posible sostener esos beneficios. Funcionarios han estimado los costos de los
pagos de los juicios en $ 250 mil millones, y un costo anual a partir de 2017
de unos $ 75 mil millones. El valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS) oscila en los $ 750 mil millones. Con el Estado “canchero” que decidieron
administrar, podría pensarse que utilizarían los fondos del FGS, en especial deshaciéndose
de la participación del Estado en las acciones de las grandes empresas, una
opción ideal para rendir pleitesía al círculo rojo que no sólo apoya a Macri
sino que comparte su gestión y darle una pátina de “progre”. ¿Para qué se
necesitan entonces los fondos del blanqueo?
Otra
reflexión posible es que luego de la liberación del mal llamado “cepo”, en el
primer trimestre de este año la “fuga” de capitales privados ascendió a U$S 6
mil millones, mucho más de los U$S 2.300 millones que salieron en el primer
trimestre de 2015, cuando había regulación de las operaciones cambiarias. Ante
este panorama de salida de capitales, atenuada en alguna medida por ingreso de
capitales especulativos de corto plazo: ¿cuántos estarán dispuestos a volver
definitivamente? Todo un dilema.
Respecto
al blanqueo de 2013, Alfonso Prat-Gay comentó: “Esto demuestra que están
desesperados y que al único que le pueden pedir prestado es al evasor.” (La
Nación 15.05.13). En la misma nota, Gabriela Michetti sentenció: “El país necesita
de normalidad, es necesario que las normas sean claras y se cumplan y esto
avasalla todas las leyes. Necesitamos que el Gobierno reflexione estas
barbaridades que está haciendo”. Para Carlos Melconian se trataba de una medida
económica que “premia a los que nunca declararon sus ingresos” (Perfil,
08.05.13). En la misma publicación, Federico Sturzenegger expresó: “en medio
del escándalo más grande de la historia por lavado de dinero, avanzar con una
medida de blanqueo de dinero parece bastante extraño”.
Quien
también cambió radicalmente de opinión es el propio presidente Macri. Respecto
al blanqueo de 2013, comentó: “es un viva la pepa para los que estaban fuera de
la ley” y “algo violento para aquellos que cumplen”. (LN 15.05.13). El viernes
pasado, expresó: “hay miles de millones de dólares de argentinos que están en
el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos
que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa. Los invitamos a hacer un
sinceramiento fiscal y repatriar estos fondos” (Ámbito 27.05.16). También se
refirió a las políticas de la OCDE, ONU y el Banco Mundial, que casualmente son
organismos que sostienen que los fondos depositados en el exterior provienen en
su gran mayoría de actividades ilícitas.
Habiendo
“blanqueado” fondos en el exterior vía declaración jurada, dos días antes de
anunciar el verdadero blanqueo y suponiendo que los actuales funcionarios,
incluido el presidente, confían ahora en el Estado, ¿traerán los fondos que
acaban de declarar que tienen depositados en Bahamas y otros lugares del
exterior? ¿Escucharemos alguna vez la noticia de que Macri repatrió esos fondos
y los invirtió en pesos en el sistema financiero argentino? Lo dudo.
Los
costos los pagan los usuarios
En
sintonía con la política contractiva que viene desarrollando el Banco Central,
este decidió incrementar los encajes bancarios en junio y julio. Teniendo en
cuenta que los encajes actuales se ubican en 11% sobre los depósitos en pesos,
la medida significa llevarlos al 15%, es decir, aumentar un 36% los montos de
los encajes. El comunicado del BCRA indica que se busca “que el esfuerzo de
esta contracción sea compartido por todos los actores del sector financiero y
no únicamente por la autoridad monetaria”.
Efectivamente,
con estas medidas el BCRA, en vez de absorber pesos a través de las caras
lebacs que son de colocación voluntaria (está pagando actualmente el 35,25%
anual por las letras a 35 días y llegó a pagar durante dos meses el 38%),
absorberá a través de los bancos en forma compulsiva y sin costo para la
autoridad monetaria.
El
aumento de encajes incrementa los costos de captación de los bancos, dado que
deben tener una mayor proporción “encajada” en el BCRA sin rendimiento alguno.
Pero, como lo han hecho habitualmente, no modificarán su ecuación de
rentabilidad, por lo que el costo lo trasladarán a los tomadores de préstamos,
tanto empresas como personas, vía mayores tasas, enfriándose por esta vía aún
más a toda la economía.
Si
efectivamente el BCRA deseara que el costo fuera compartido por todos los
actores del sistema, debería echar mano a las herramientas que le otorga la
carta orgánica vigente, regulando las tasas que cobran los bancos por préstamos
a sus usuarios como se hizo el pasado año. Pero difícilmente las actuales
autoridades intenten afectar la rentabilidad bancaria.
Nota
original en http://www.tiempoar.com.ar/articulo...
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